Esta medida, anunciada previamente por el vocero presidencial, Manuel Adorni, prohíbe que familiares o cónyuges de empleados fallecidos accedan a posiciones en entidades como la AFIP, el Banco Central y el Banco Nación. Esta práctica había perdurado hasta ahora.

El Gobierno confirmó hoy, lunes 28, la eliminación de los cargos hereditarios en la administración pública a través del Decreto 959/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente, Javier Milei, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El decreto justifica esta decisión al destacar principios de igualdad, mérito y transparencia en la administración pública. Resalta que la Constitución Nacional promueve la libertad y la igualdad, prohibiendo distinciones basadas en la ascendencia, tal como se establece desde la Asamblea del Año XIII. Asimismo, menciona el proyecto de Juan Bautista Alberdi, que abogaba por la ausencia de privilegios de sangre y nacimiento, y reafirma que todos los ciudadanos deben ser considerados iguales ante la ley, con acceso a empleos públicos basado únicamente en su capacidad.

La normativa enfatiza que la idoneidad es el único criterio válido para acceder a cargos en la administración pública, con lo que se garantizará que la selección de personal se base en la capacidad y no en vínculos familiares. De esta manera, establece procedimientos que aseguran igualdad y objetividad en los procesos de selección, promoviendo una carrera administrativa fundamentada en méritos y habilidades.

Además, la medida se inscribe dentro de un plan más amplio de racionalización del Estado, que incluye la reducción del personal en un 15% y la promoción de jubilaciones. Se implementarán controles para evitar que convenios sindicales incluyan beneficios hereditarios. Con esto, se priorizará el mérito como único criterio de ingreso.

Un comunicado del ministerio de Sturzenegger subraya que esta «ilógica» práctica había puesto a los empleados públicos en una posición privilegiada sobre otros trabajadores. A partir de ahora, el acceso a puestos en el Estado se regirá exclusivamente por la idoneidad.

Adorni recordó que esta facultad, que había sido eliminada durante el gobierno de Mauricio Macri y reinstaurada por Alberto Fernández, estaba presente en los estatutos de diversas entidades estatales. 

En este contexto, el decreto declara que cualquier norma que favorezca a una persona por su nacimiento o su relación familiar con un empleado público es arbitraria e irrazonable. Destaca que, en un sistema democrático, la igualdad jurídica debe reflejar la igualdad de oportunidades, y que cualquier privilegio basado en la herencia es inaceptable.

No obstante, el decreto señala que la implementación de esta medida aún enfrenta obstáculos, como el hecho de que el Banco Central reestableció la posibilidad de acceso hereditario a cargos. Además, menciona que otros convenios colectivos en entidades públicas continúan incluyendo cláusulas que otorgan privilegios de ingreso basados en relaciones familiares, lo que contradice el principio de idoneidad establecido por la nueva normativa.