Recibió 41 votos a favor y 26 en contra. El FDT destacó que la iniciativa permitirá el «fortalecimiento de la Justicia Federal» en CABA y provincias.

El oficialismo aprobó en el Senado el proyecto de reforma judicial y logró enviarlo a la Cámara de Diputados tras un extenso debate en el que destacó que la iniciativa «fortalecerá» a la justicia federal en todo el país, mientras la oposición insistió en que se busca «impunidad» y cuestionó la creación de nuevos cargos.

La iniciativa recibió los esperados 40 votos afirmativos y 26 negativos.

La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, abrió la sesión a las 14:36 del jueves, mientras se desarrollaba una protesta contra la reforma en la periferia del Congreso, con más de 40 senadores anotados para hablar sobre el proyecto que apunta principalmente a la ampliación del fuero federal.

Con la aprobación del proyecto sostenida por su mayoría de 41 votos, el Frente de Todos destacó que la iniciativa permitirá el «fortalecimiento de la Justicia Federal» en la ciudad de Buenos Aires y especialmente en las provincias, y afirmó que apunta a «la necesidad de recuperar la independencia de los jueces».

El proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno tiene entre sus puntos principales la unificación de los juzgados que entienden en delitos federales bajo la denominación de fuero Penal Federal.

La iniciativa fue discutida en varias audiencias realizadas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, por donde pasaron unos 50 especialistas que realizaron varias objeciones, algunas de las cuales fueron tomadas para modificar la letra original.

El punto central es la unificación de los 12 juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y los 11 juzgados nacionales en lo Penal Económico en un fuero que se llamaría Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con esto se vería ampliada de 12 a 23 la cantidad de jueces de la Ciudad -con base en Comodoro Py- con competencia en las causas sobre delitos federales como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro extorsivo, lavado de activos y lesa humanidad, entre otros.

No obstante, las causas actualmente en proceso en los tribunales y cámaras de apelaciones de esos fueros «continuarán su trámite ante esos mismos órganos, hasta su conclusión», según el proyecto.

Durante el tratamiento en las comisiones la mayoría de los juristas y expertos consultados criticaron diversos aspectos de la iniciativa, con varias coincidencias sobre una posible «contradicción» con el objetivo que se plantea, de agilizar la adaptación del sistema judicial al modelo acusatorio, cuya aplicación empezó por Salta y Jujuy.

En este sentido, cuestionaron la conveniencia de crear nuevos juzgados en distintos puntos del país cuando deberían fortalecerse y ampliarse las fiscalías para cumplir con el fin de adaptarse al sistema acusatorio.

Tras esas audiencias, el oficialismo hizo varios cambios al proyecto, entre los que se destacó el hecho de dejar de lado la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, algo que también había sido cuestionado por jueces de esos fueros.

Otro fue que los sorteos de causas serán «grabados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad» para garantizar la «transparencia» y se mantendrá el examen escrito para los concursos de selección, conservando el anonimato.

A pedido del oficialista Oscar Parrilli una cláusula que afianzó más el rechazo de la oposición y que exhorta a los jueces a denunciar «en forma inmediata» supuestas presiones «de los poderes mediáticos».

Por otra parte, el proyecto establece la creación de nuevas Cámaras de Apelaciones y los respectivos distritos judiciales en distintas provincias, así como cargos para defensores oficiales y fiscales, al tiempo que mantiene las secretarías con competencia en causas de derechos humanos.

También indica que una vez que se cuente con el presupuesto necesario para la habilitación de los nuevos juzgados que se crean y se encuentren en trámite los concursos para cubrir las vacantes correspondientes, se procederá a designar jueces subrogantes.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, dentro del plazo de 10 días de la entrada en vigencia de la ley, deberá elaborar y enviar al Consejo de la Magistratura una lista con los candidatos del fuero Criminal y Correccional Nacional a subrogar los juzgados del 24 al 46 del Fuero Penal Federal.

El Consejo de la Magistratura elegirá de esa lista a los 23 jueces y juezas subrogantes -con atención a los antecedentes y a la paridad de género- y deberá aprobarlos con los dos tercios de sus miembros, tras lo cual la lista será remitida al Poder Ejecutivo, quien los designará con acuerdo previo del Senado.

Fuente: Perfil.com (DS)