En la última década, al menos 48 mujeres fueron asesinadas solo en el AMBA por sus parejas o exparejas policías, según datos del CELS. Los femicidios policiales son “la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal”, indica CORREPI. La lista de casos similares al de Úrsula Bahillo.
os femicidios cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad son un drama específico que representan un número importante de las muertes de mujeres en hechos de violencia institucional. El femicidio de Úrsula Bahillo, una joven de 19 años asesinada a puñaladas por su ex pareja, el oficial de la policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, luego de denunciarlo en reiteradas oportunidades, no es una excepción.
Entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires por sus parejas o exparejas policías, y 17 de ellas eran funcionarias de seguridad, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El desenlace suele ser fatal cuando se potencian la violencia de los agentes, autorizados a portar armas reglamentarias en todo momento, con la violencia machista y patriarcal, y las prácticas de encubrimiento de los colegas de la fuerza.
Los femicidios de uniforme, como los denomina la CORREPI, son “la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal”. Según datos de la organización antirrepresiva, desde 1992 -cuando registraron los dos primeros casos- el índice mantuvo una tendencia creciente hasta llegar hoy a 389 femicidios sobre un total de 671 víctimas mujeres de violencia institucional.
Para el CELS, hay dos factores que perpetúan el problema. Primero, la portación del arma reglamentaria en todo momento, durante las 24 horas aunque los agentes no estén de servicio, amparados en el “estado policial”, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad. En los casos en los que existe violencia machista, él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar.
En segundo lugar, tal como suele ocurrir en casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento cuando las muertes tienen como responsables a integrantes de las fuerzas. Ese espíritu corporativo puede ser determinante en la etapa más sensible de la investigación. Como auxiliares de la justicia, las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, y ahí suelen tener la posibilidad de falsear el relato de los hechos y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión. Y antes del asesinato, como en el caso de Úrsula, el ninguneo en las comisarías, el rechazo de las denuncias, las amenazas.
“Es importante que se investigue con diligencia el femicidio de Úrsula, y también que se produzcan registros y mecanismos eficaces que contribuyan a prevenir las muertes de mujeres a manos de efectivos policiales”, señaló el CELS este martes. Ahí advirtieron, además, sobre la represión policial a quienes reclamaban justicia en la ciudad bonaerense de Rojas, con heridos y la detención de 8 personas -4 menores de 18 años- y un disparo a muy corta distancia que impactó en el ojo de una joven que estaba en la manifestación.
“En muchos casos las mujeres víctimas también son integrantes de las fuerzas de seguridad, lo que muestra un traslado hacia la vida privada de los patrones de discriminación, acoso laboral y violencia de género que están extendidos al interior de las policías”, explica el CELS en una plataforma propia que reúne datos actualizados sobre lesiones y muertes producidas por las fuerzas de seguridad en la Argentina.
Desde CORREPI advierten que es “notable el incremento de los casos de femicidio” cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en los últimos años. Al comparar los datos del archivo propio que elabora y actualiza cada año la organización, estiman que hasta fin de 2020, una de cada cinco mujeres asesinadas en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal. “Ello da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal”, señalaron en su último informe.
Tal como ocurre con todos los hechos delictivos que involucran a agentes de seguridad, el comportamiento y las normativas varían según la fuerza y el lugar del país. En algunas provincias la normativa restringe la portación del arma reglamentaria si el policía fue denunciado por violencia machista, pero el problema es que muchas veces no existe una denuncia previa formal, porque la víctima no se anima a hacerla efectiva o porque en la comisaría no la registran.
A nivel nacional, el ministerio de Seguridad que encabeza Sabina Frederic reforzó en diciembre de 2020 la prohibición para que los agentes federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) denunciados por violencia de género o intrafamiliar puedan portar las armas que les asigna el Estado.
A través de la Resolución 471/2020, profundizaron una decisión que ya estaba vigente desde 2012, y la restricción puede ser “parcial o total” según la gravedad del caso. Ese cambio en las fuerzas federales es significativo ya que antes solo se restringía o quitaba el arma al personal denunciado si lo ordenaba el Poder Judicial. Ahora puede tratarse, también, de una medida preventiva necesaria para evitar eventuales femicidios en manos de agentes federales.
Femicidios policiales: seis casos similares al de Úrsula Bahillo
En Violencia Policial, una completa plataforma interactiva del CELS con datos sobre lesiones y muertes producidas por las fuerzas de seguridad argentinas, destacan cinco historias de femicidios policiales, que reproducimos en El Destape.
Giselle Martín. 8/07/2018, Barracas, ciudad de Buenos Aires.
Carlos Maximiliano Leal, efectivo de la Policía de la Ciudad, mató con su arma reglamentaria a su pareja Giselle Noemí Martín. Giselle tenía 39 años y llevaba dos décadas casada con Leal; tenían dos hijes. Leal había llegado a las 6 de la mañana de trabajar y, según su versión, tras una discusión Giselle lo empujó y él por accidente disparó el arma. Giselle recibió un balazo en el pecho. Leal la llevó al Hospital Churruca, donde falleció. La investigación judicial halló pruebas de que el relato de Leal era falso y de que ejercía violencia contra ella. En diciembre de 2019, fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado.
Romina Miriam – Ibarra Norma Milessi. 5/11/2016, Paraná, Entre Ríos.
Orlando Ojeda, integrante de la Prefectura Naval, asesinó a Romina Miriam Ibarra y a Norma Milessi, ambas habían sido pareja de él en distintos momentos. Primero, Ojeda fue a la casa de Romina, cabo de la Policía de Entre Ríos, de quien se había separado hacía poco tiempo. Le disparó en la cabeza con su arma reglamentaria. Luego, Ojeda se dirigió a la casa de Norma, su exesposa con quien tuvo tres hijes. Tras una pelea, le disparó varias veces frente a dos de sus hijes. Norma murió. Ojeda fue imputado por doble homicidio calificado.
Erika Gisela González. 18/10/2015, Moreno, provincia de Buenos Aires.
El cabo de la Policía Federal Fabián Horacio Ramírez mató a su expareja, Erika Gisela González, cadeta de la policía local de San Miguel. Ambos tenían un hijo de cinco años y se habían separado recientemente. Ese día tuvieron una discusión que culminó cuando Ramírez le disparó a Erika dos veces con su arma reglamentaria y se suicidó. Ella tenía 33 años; él, 35. Tras la alerta de les vecines, los dos fueron trasladados a un hospital de Moreno, pero fallecieron poco después.
Gisela Rojas. 24/02/2013, Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.
El cabo de la Policía de Jujuy Milton Canchi mató a su pareja, la cabo Gisela Rojas, de la misma fuerza, y se suicidó. A la medianoche, les vecines escucharon un disparo de arma de fuego y llamaron a la central de emergencias y a les familiares de Gisela. Al llegar, el personal policial no pudo ingresar a la vivienda. El hermano de Gisela intentó entrar por el techo, ya que nadie respondía a la puerta. En ese momento, se escucharon otras dos detonaciones. Al parecer, Canchi le había disparado a Gisela primero en el estómago, y al ver que efectivos policiales intentaban ingresar al domicilio, le disparó primero a ella una segunda vez y luego a sí mismo.
Brenda Solange Guerault. 11/10/2012, Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Brenda Solange Guerault fue asesinada por su pareja Maximiliano Villarda, integrante de la Policía Bonaerense. Tras discutir en la casa de él, Brenda le pidió a un amigo que la pasara a buscar y la llevara de vuelta a su vivienda. Villarda los siguió en su propio vehículo. Cuando Brenda bajó del auto Villarda le disparó con su arma reglamentaria en el rostro. Brenda tenía 23 años, y un hijo de 8 años con una pareja anterior.
Myriam Gladys Illobre. 18/05/2012, Tigre, provincia de Buenos Aires.
El oficial retirado de la Policía Federal César Hounau mató a su esposa Miriam Gladys Illobre, de 47 años, en la vivienda que ambos compartían. Esa tarde, Hounau llegó a su casa en El Talar de Pacheco y encontró a Miriam con otro hombre, Darío Oscar López. Según la investigación, le disparó primero a Miriam, quien murió a causa de seis heridas de bala. Luego, Hounau mató a Darío López, quien recibió diez impactos. Todos los disparos fueron efectuados con un arma calibre .22, que no fue recuperada. Hounau se fugó. Pocas semanas después fue capturado e imputado por doble homicidio calificado.