Alejandro Echevarne, Director de Control de Puertos del Ministerio de Transporte de la Nación de Argentina, abordó el creciente conflicto en torno a la hidrovía, una vía fluvial vital que conecta a Argentina y Paraguay. Echeverne explicó la posición argentina y los eventos que llevaron al actual desacuerdo.

Según Echevarne, la controversia se originó en una resolución emitida por el Ministro de Transporte de Argentina, el Dr. Diego Gilliano. Esta resolución se basó en que Argentina tenía la soberanía para imponer un peaje en el tramo de la hidrovía que se extiende desde Santa Fe hasta Confluencia, argumentando que este peaje estaba justificado por los servicios prestados en esta sección de la hidrovía, que habían estado en funcionamiento desde 2009, pero que nunca se habían cobrado.

Este cambio en la política de tarifas generó una reacción inmediata por parte de los armadores paraguayos, quienes consideraron que esto tendría un impacto económico negativo. Paraguay ha llevado este asunto a la esfera mediática y lo ha convertido en un tema de debate público, lo que ha amplificado la controversia. Sin embargo, Echevarne señala que Argentina está actuando dentro del marco de la ley internacional, específicamente el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que regula estas cuestiones y establece un proceso para determinar las tarifas adecuadas.

Argentina ha estado trabajando activamente en la Comisión del Acuerdo y el Comité Intergubernamental, en colaboración con otros países involucrados, para abordar este asunto desde una perspectiva técnica y legal. En estas discusiones se está considerando no solo la instalación del peaje, que no está en cuestión, sino también la fijación del precio basada en los servicios proporcionados.

En cuanto a las preocupaciones de Paraguay y otros países de que Argentina ha violado los tratados internacionales al imponer unilateralmente este peaje, Echevarne enfatiza que Argentina considera que esto no se trata de un tributo que afecte a la libre navegación, sino de un peaje por servicios prestados, y que el tratado es claro en que el consenso general se requiere para tributos y gravámenes, no para peajes o tarifas basadas en servicios. 

LOS SERVICIOS QUE PRESTA SANTA FE

Echevarne explicó que Argentina brinda servicios esenciales en el tramo de la hidrovía que va desde Santa Fe hasta Confluencia. Estos servicios incluyen el mantenimiento del calado de 10 pies, tareas de dragado, la instalación de hidrómetros, la señalización con boyas y la señalización digital a través de GPS. Además, destacó la importancia de las batimetrías, que permiten ajustar las rutas de navegación según las condiciones cambiantes del río.

En relación con el puente en el sistema neural al corazón, Echevarne explicó que las restricciones temporales impuestas por razones de seguridad se levantaron gradualmente una vez que se realizaron las reparaciones necesarias en las defensas. Esta medida se tomó en coordinación con la Prefectura Naval Argentina, responsable de la seguridad en esa área de la hidrovía.

El punto central de la discusión se centró en si el peaje impuesto por Argentina era un tributo o un derecho sobre el transporte. Echevarne argumentó que se trataba de un peaje basado en servicios prestados y no constituía un tributo que afectara la libre navegación. Hizo referencia a la Ley 24.385, que rige el acuerdo, y señaló que el artículo 9 del tratado habla específicamente sobre el cobro de peajes en ciertos tramos de la hidrovía.

La entrevista dejó claro que el conflicto no solo se trata del monto del peaje, sino de la percepción de Argentina como ejercicio de su soberanía y la interpretación de los tratados internacionales. Se espera que las conversaciones continúen entre los países involucrados para encontrar una solución que beneficie a todas las partes.

Esta entrevista arroja luz sobre la posición de Argentina en este conflicto creciente en torno a la hidrovía, destacando su compromiso con el cumplimiento de los tratados internacionales y su disposición a colaborar en la resolución de este desacuerdo con Paraguay y otros países involucrados.