En un contexto de reformas laborales y pérdida del poder adquisitivo, el Gobierno de Javier Milei adelantó que habrá convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Omar Yasín, secretario de Trabajo, confirmó esta medida afirmando: «Vamos a convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, posiblemente los primeros días de enero».
Esta convocatoria se produce en medio de un amplio debate sobre un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce cambios en la legislación laboral.
El DNU, que ha sido objeto de críticas por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), varios sindicatos y asociaciones de abogados laboralistas, incluye la modificación de 26 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y una restricción del derecho a huelga.
En defensa de estas medidas, Yasín argumentó: «El contenido del capítulo laboral tiene por objeto la generación de empleo, generar un estado de certidumbre y previsibilidad para el empleador y trabajador para motivar la generación de más fuentes laborales».
Entre los cambios más destacados se encuentra la ampliación del período de prueba de empleo y la exclusión de ciertos contratos de la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre el tema de las indemnizaciones y multas por empleados no registrados, el secretario declaró a Clarín que: «Las multas no hacen previsible la relación laboral para los empleadores… No tuvo el resultado esperado porque el empleo informal sigue creciendo».
Respecto a la limitación del derecho de huelga, Yasín aclaró: «El derecho de huelga no se modifica. Se mantiene el derecho constitucional de huelga. Lo que se hace es preservar a la población de los efectos de una medida de fuerza». Esta postura busca garantizar servicios mínimos en sectores esenciales, como transporte y salud.
La CGT y otros grupos han manifestado su preocupación y no descartan la posibilidad de acciones de protesta. A pesar de estas reacciones, Yasín sostiene que las medidas buscan mejorar el mercado laboral: «Entendemos que no son justificadas las reacciones de la CGT ya que se está haciendo uso de una herramienta constitucional, que es el DNU».
Fuente: Ipro.