En el año de la pandemia también alcanzó un nivel récord de cobertura previsional, que es el más alto de América Latina.

La cobertura en Seguridad Social para personas de 65 años o más pasó de un 65% a finales del 2002 al nivel récord histórico de 94% a principios del 2020, mientras que la ayuda extra en pandemia llegó a los $1,8 billones.

Según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), el Ministerio de Desarrollo Productivo lleva contabilizado un inversión de $1.829.686 millones por parte del Estado extraordinariamente y en contexto COVID-19.

“La actual administración nacional en un escenario totalmente adverso implementó una serie de medidas sociales y económicas con el fin de proteger a los sectores más afectados por la crisis profundizada por el riesgo sanitario”, remarcó el trabajo académico.

 

En ese marco, en el 2020 se alcanzó una cobertura previsional record para la población de tercera edad del 94% (mayores de 65 años). “El incremento en 3,5 millones de personas que comenzó a realizarse a partir del año 2007, brindando en la actualidad un piso de ingresos para casi la totalidad de las personas de tercera edad, siendo nuestro país actualmente de referencia regional y global en materia de seguridad social, lógicamente implica mayor gasto estatal”, resaltó la Undav.

 

En tanto, otro estudio realizado por la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) con datos del 2014/2015, la cobertura previsional argentina es la mayor de la región con un 90,8%, seguido por Chile con un 87,9%, Uruguay con 87,3%. Asimismo, la cobertura de México y Brasil se ubica en 84,2% y 85,1% respectivamente.

 

“Argentina y Chile son las únicas dos naciones de los países seleccionados que tienen mayor proporción de adultos mayores del sexo femenino. En el resto la cobertura en los hombres es superior al de las mujeres”, destacó ALAP.

 

La Undav remarcó que el nivel desagregado en sexos, la cobertura previsional para la población de hombres de 65 años o más pasó de ser de 69,1% en septiembre del 2002 al 91,6% en febrero del 2020, mientras que, para el caso de las mujeres, la cobertura pasó de 62,4% a 95,7%. “Las mujeres, que suelen ser el género más precarizado, fueron las más beneficiadas en este sentido, gracias al reconocimiento de trabajos tradicionalmente informales como el trabajo en casas particulares y los relacionados al cuidado de niños y niñas”, señaló el reporte de Avellaneda.

Otras medidas relacionadas al sostenimiento de ingresos de los sectores más vulnerables fueron:

A mayo del corriente año, la cantidad de beneficiarios de la AUH se ubicó en 4.367.629 y experimentó un aumento de 11,5%% con relación al mismo mes del año 2018, cuando el número de beneficiarios alcanzó los 3.916.629.

El número total de titulares de la AUH a mayo de 2020 asciende a 2.479.567, si se lo desagrega por sexo, las mujeres representan un 93,6%.

El gasto estatal por el IFE fue de $265.712 millones, equivalente al 1,1% del PBI con el que culminará 2020.

Diferimiento de deudas de la ANSES a los beneficiarios de AUH y jubilados y pensionados con un costo de $65.000 millones, que representa el 0,3% del PBI.

Los bonos de $3.000 destinados a los jubilados y pensionados que cobran la mínima (el 75% del total) implicó una erogación de $13.100 millones, 0,1% del PBI.

Refuerzo para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar (1,5 millones de personas), que implicó un gasto de $7.700 millones (además, ahora en diciembre vuelve a reforzarse el monto para dichos beneficiarios).

Seguro de desempleo ($6.795 millones)

Fortalecimiento de la provisión de alimentos a comedores comunitarios ($4.321 millones)

Estímulo a beneficiarios de planes sociales ($1.123 millones).

El ATP, hasta su sexta ronda implicó un gasto de $326.000 millones, lo que equivale al 1,3% del PBI.

Los créditos a tasas del 24%, que ya llegaron a más de 300.000 empresas, tuvieron una erogación a septiembre de $484.000 millones, lo que implica un 1,9% del PBI actual.

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