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La norma busca promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público para personas travestis, transexuales y transgénero. El intendente Gerardo Bassi, en su Resolución N°960, promulgó la Ordenanza 1.940 del Honorable Concejo Deliberante, que ordena que el Estado Municipal está obligado a ocupar un porcentaje no inferior a 3% de personas LGBT+ en la totalidad de su personal. La Municipalidad local, y sus organismos descentralizados o autárquicos están obligados a ocupar personas travestis, transexuales, y transgéneros que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 3 por ciento de la totalidad de su personal.
Este porcentaje será de aplicación sobre el personal de planta permanente y/o personal contratado cualquiera sea la modalidad de contratación y hayan o no accedido a los beneficios de la Ley Nº 26.743, que  permite que las personas trans (travestis, transexuales y transgéneros) puedan ser inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género de elección.
Las vacantes que se generen en los cargos correspondientes a los agentes que hayan ingresado bajo el régimen de la Ordenanza aprobada o que posteriormente se hayan incorporado a esta norma deberán ser reservadas para ser ocupadas en su totalidad y exclusivamente por personas travestis, transexuales y transgéneros, de acuerdo a las condiciones de idoneidad previamente referidas.
También la normativa establece que el Estado municipal asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones fijadas y proveerá las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarias para una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgéneros a sus puestos de trabajo.

La Ordenanza Nº 1948 entrará en vigencia el 1º de septiembre de este año.
Con esta aprobación, Goya se convirtió en la primera  ciudad de la provincia en crear un cupo laboral trans.
En los considerandos de la Ordenanza citada, se destaca que la necesidad de un cupo laboral Trans es una demanda del colectivo Lésbico, Gay, bisexual, transexuales (LGTB) y toma como precedentes la ley 26.743 de Identidad de Género, y los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.
Y que  esa comunidad se encuentra entre una de las poblaciones con necesidades reales de mejorar sus condiciones de vida,  que en su mayoría vive en extrema pobreza, privada de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, cuya historia está “macada por la exclusión social y la imposibilidad de acceso a la salud, la educación, y el trabajo, condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de la vida de cualquier persona”.
Y que la expulsión de los circuitos laborales también es moneda corriente para las minorías por identidad de género  por lo que se considera que es el Estado el que debe hacerse cargo de brindar oportunidad de trabajo, sobre todos quienes han transitado un camino de constante discriminación y estigmatización social.
En los considerandos se expresa que este cupo laboral es una medida de discriminación positiva y es “un paso fundamental en la lucha por una sociedad más igualitaria y justa para todos con oportunidades no solo para un sector de la sociedad sino para toda la sociedad sin discriminación alguna”.
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